El pasado 22 de noviembre se suscitó una manifestación en la explanada de la Presidencia Municipal de León.

Los manifestantes eran integrantes de Grupos de Rehabilitación de la ciudad de León que exigían un diálogo directo con el presidente municipal, Héctor López Santillana. Según el diligente de la manifestación, Nicolás Pérez Ponce; el municipio les pide la documentación necesaria para tener derecho de piso y antes de la fecha límite de entrega de los documentos llegan a clausurar el anexo.

«Hay varios centros de rehabilitación a los cuales se les ha pedido sus permisos y se les da una prórroga de tiempo, se meten los documentos, nos piden más cosas, se vuelven a meter (los documentos) y de repente llegan y clausuran el lugar», comentó el diligente a Ni que fuera política.

Según una declaración que dio Nicolás Pérez Ponce a Soy Barrio, la dirección de Desarrollo Urbano intentó sobornar a algunos de los centros de rehabilitación para poder operar. El monto que les pedían rondaba los $40,000.

Al final de la jornada fueron recibidos por el Secretario de Ayuntamiento.

Estigmatización social.

En una sociedad conservadora como es la guanajuatense, es común que los mayores problemas de los consumidores de drogas comiencen en el momento que le revelan a sus familiares que consumen. El estigma alrededor de las drogas incentiva a que de manera desinformada se interne al consumidor y muchas veces sin su consentimiento.

La salud mental, el contexto social y la sustancia, son todas piezas clave para que una persona comience a generar una dependencia y un consumo problemático.

Comúnmente el principal objetivo de un centro de rehabilitación es la abstinencia. Declarándose la sustancia como el único problema, sin darle atención a los demás factores que llevan a un individuo a consumir la sustancia.

La cruda realidad en los centros de rehabilitación.

Daniel Díaz Martínez, secretario de salud de Guanajuato, le confirmo a Milenio que solo 14 de los 200 anexos con derecho a piso en el estado de Guanajuato, cuentan con la certificación de atención de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

Le preguntamos a una persona (cuya identidad preferimos mantener en el anonimato) sobre su experiencia con un familiar internado en un centro de rehabilitación. Ella nos reveló que los internos son constantemente maltratados y sus familias engañadas.

Cuando una persona entra a un anexo generalmente le cobran una cuota mensual de aproximadamente $4000 (la cuota puede variar entre centros de rehabilitación). Muchos de estos centros de rehabilitación utilizan la religión para convencer a las familias del interno de dejarlo ahí, y además se les dice que por su «adicción» es muy probable que mientan sobre los tratos que se les da para que (las familias) soliciten que se les dé de alta.

Nuestro informante nos cuenta que los tratos dentro son deplorables. Entre los maltratos que reciben los internos están: golpizas, castigos físicos, trabajo excesivo, pésimas condiciones en los dormitorios, espacios insalubres, pésima alimentación, además de daño psicológico.